Necesidad de una Comisión de Revisión de Penas

El 20 de octubre, después de más de 50 años luchando con las armas por la independencia de Euskadi y después de varios intentos de negociaciones con el Gobierno español, ETA (Euskadi ta Askatasuna) declaró el fin de la lucha armada. En su comunicado, ETA declara el fin de la violencia, pero no el fin de lucha por la independencia de Euskadi. La declaración llega días después de que se celebrase en San Sebastián una conferencia sobre el final de terrorismo donde acudieron diferentes personalidades internacionales como Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda, Brian Currin, abogado sudafricano y mediador internacional, y Pierre Joxe, ex ministro de Interior y Defensa de Francia entre otros. Una conferencia a la que ni el Gobierno español ni el ejecutivo vasco quisieron asistir como negativa al papel de mediadores de estas personalidades para el fin del conflicto vasco.

Tras el comunicado, el Gobierno se enfrenta a una nueva situación en la que va a tener que actuar. Si ya no hay lucha armada, ¿es legítimo seguir con la política penitenciaria? Si ETA ha abandonado las armas, ¿el Gobierno debe amnistiar a todos los presos políticos?

En una entrevista online a Mariano Rajoy publicada en el Diario Vasco el 13 de noviembre, el presidente del PP insistía en que “ETA es la que tiene que dar más pasos” y no el Estado. Ahora bien, en la resolución de un conflicto son las dos partes quienes tienen que involucrarse y escucharse mútuamente. El problema no puede verse de manera simplista con vencidos y vencedores porque se trata de un conflicto político muy complejo.

Durante más de 30 años, los/las presos/as políticos vascos han recibido una política especial y considerablemente discriminatoria en materia penitenciaria. España tiene una de las leyes más duras con respecto a los presos vascos. En 1989, después de las negociaciones de Argel entre ETA y el Gobierno que culminaron con 60 días de tregua, España instauró una nueva política penitenciaria basada en la dispersión: separación de presos entre sí y alejamiento por toda España obligando así a centenares de familias vascas ha desplazarse de ciudad para visitar a los presos/as. Dicha política ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos. En 2005, Human Rights Watch publicó un informe referente  a Medidas Antiterroristas en España donde denunciaba los efectos negativos de la política de dispersión de presos afirmando que se vulneraban los derechos humanos. La dispersión pretende anular al preso y desvincularlo de su ideología anulándolo completamente. La Asociación Etxerat (familiares y allegados de represaliados/as vascos/as) asegura en el dossier sobre “política de dispersión” publicado en abril del 2010 que “el aislamiento y el alejamiento carcelario son la puesta en práctica consciente de una programa destinado a la destrucción de la voluntad humana, de la identidad política. Es tortura blanca utilizada con fines políticos”.  El Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) sostiene en un comunicado publicado en el diario GARA que “el primer paso que debieran dar los estados es liberar a los presos enfermos y a quienes tendrían que estar en libertad condicional y acabar con la política de castigo de la cadena perpetua” debido a la Ley Parot instaurada en 2006 que suprime los beneficios sobre las penas y los retiene en prisión.

Si una amnistía total de los presos vascos es una medida arriesgada teniendo en cuenta que ningún delito de sangre puede ser perdonado, una Comisión de Revisión de Penas donde se estudie caso por caso es sumamente necesaria. Ahora es el Gobierno quien tiene que dar un paso y deslegitimizar su política penitenciaria.

La voz del pueblo llega al Parlament

 El 15 de junio de 2011, Cataluña vivió por primera vez el bloqueo del Parlament por parte de algunos indignados del 15-M. Tras días de indignación pacífica, con algunas excepciones como el 27 de mayo donde se producieron los desalojos violentos después de que el consejero del Interior, Felip Puig, ordenara la “limpieza” de Plaza Cataluña, el bloqueo era un paso más en la escala de indignación que vive la sociedad catalana (y española). Y fue un paso más porque la manifestación se hizo frente al Parlament, órgano político cuyos miembros son elegidos, en los países democráticos, por los ciudadanos con derecho a voto para elaborar y votar las leyes. Se dice que el Parlament es “la voz del pueblo”, sin embargo éste ya no se siente representado. Por eso se decidió llevar la indignación hasta el Parlament, para que los políticos escuchasen de primera mano lo que la ciudadanía reivindica. Además aquel 15 de junio se votaban los primeros presupuestos restrictivos en servicios tan básicos como sanidad y educación. Unos recortes que afectaban a toda la población y que, no obstante, no contaban con su voz para llevarse a cabo. Los cerca de 3.000 manifestantes, según El País, bloquearon el Parlament como acto simbólico contra los déficits democráticos que sufre nuestro país. Era un grito de queja a la corrupción, a la nula transparencia, a la poca representatividad de la urnas; en definitiva, una queja a “ la dictadura de los mercados; ésa dictadura disfrazada con los ropajes de la democracia”, como dijo Gabilondo en su programa “Hoy” de la CNN+.

El bloqueo acabó con seis detenidos; sin embargo ahora están siendo juzgados 22 indignados “por un delito contra altos organismos de la Nación por ejercer la violencia, coaccionar o intimidar a los diputados”, según el Público. Si bien es cierto que algunos diputados fueron abucheachos y zarandeados por algunos manifestantes, ¿es legítimo que  políticos y medios de comunicación tachen de “violento” a todo el movimiento del 15-M incluso sabiendo que éste se desmarcó de tales actos? Stéphane Hessel, autor de ¡Indignaos! y de ¡Comprometeos! dejó claro, no sólo en sus libros, sino en un comunicado de prensa, que rechaza cualquier acto de violencia. Asegura "intolerable cualquier intento de paralización de las instituciones de representación democrática" y recuerda “el buen fin y las actitudes mayoritarias de los ciudadanos que se han movilizado pacíficamente".

Pese a que la mayoría de la población está indignida y pese a que se ha manifestado pacíficamente, los resultados siguen sin verse: los recortes se votaron, los banqueros siguen impunes, el paro no deja de crecer, los desahucios siguen su curso y así suma y sigue. ¿Qué debe hacer el pueblo para frenar esta violencia ejercida desde arriba? Si bien ningún ideal revolucionario debería basarse en la violencia porque como dijo Che Guevara “el verdadero revolucionario se guía por grandes sentimientos de amor”, la historia nos ha demostrado que es difícil cambiar un país o una situación de dominación sin encararse de una forma u otra con el poder. Dicho de otro modo, a veces hay que coger el toro por los cuernos.

El burka en boca de todos

El mundo árabe suscita sueños y miedos. Y su historia está inevitablemente ligada a la nuestra debido a su proximidad geográfica y, por consecuente, a sus intercambios con Occidente. Sin embargo los países que conforman el mundo árabe, pese a tener un mismo idioma y una religión mayoritaria, el Islam, no establecen los mismos derechos en sus respectivas constituciones.Por un lado, el artículo 6 de la Constitución Tunecina dice así: “todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Son iguales ante la ley.”  Y el 20, “la mujer es electora y eligible”. Por otro lado está Arabia Saudí, donde impera una estricta interpretación de la Sharia (ley islámica) que prohíbe, entre otras, conducir a las mujeres. Ya es mundialmente conocido el caso de Manal al Sherif, una mujer saudí condenada por conducir en público en mayo de 2011.Dos países árabes, dos interpretaciones distintas del Corán, dos posiciones completamente distintas con respecto a la mujer. Si en el primer país, el velo es opcional y es una cuestión de identidad así como de inserción social. En el segundo, el burka –vestido que cubre todo el cuerpo de la cabeza a los pies- que sólo deja ver los ojos de las mujeres a través de una rendija, es obligatorio.

España, por su cercanía, ha acogido a un gran número de inmigrantes musulmanes en los últimos años, convirtiéndola así en un hervidero de culturas. La ignorancia, el miedo a lo desconocido y la falta de rigurosidad de los medios hace que la población se refugie en estereotipos. Estereotipos que conducen, en la mayoría de lo casos, a exclusiones sociales. De esta forma, el velo y el burka están en boca de todos. Políticos, ciudadanos y medios de comunicación se suman al debate sobre la prohibición del burka. ¿España debe seguir a su amigo francés en la lucha contra el burka?

Me posiciono en contra de la prohibición del burka aquí, del mismo modo que condeno que se obligue a llevarlo en Irán. Y es que cuando nuestra sociedad habla de su prohibición está poniendo en juego la libertad de culto como principio democrático. ¿Acaso multamos a los ciudadanos que lucen crucifijos? ¿O a las monjas por llevar su vestimenta?

Los eurocentristas deberíamos comprender que las españolas no somos menos sumisas que las musulmanas. ¿Acaso no seguimos sigilosamente los cánones de belleza occidentales que nos obligan a depilarnos, a maquillarnos, a tener una talla por debajo de la 40 y a ponernos tacones? Así que basta ya. Dejemos que siga existiendo la libertad de culto. Y luchemos por que las mujeres musulmanas puedan elegir.