El 20 de octubre, después de más de 50 años luchando con las armas por la independencia de Euskadi y después de varios intentos de negociaciones con el Gobierno español, ETA (Euskadi ta Askatasuna) declaró el fin de la lucha armada. En su comunicado, ETA declara el fin de la violencia, pero no el fin de lucha por la independencia de Euskadi. La declaración llega días después de que se celebrase en San Sebastián una conferencia sobre el final de terrorismo donde acudieron diferentes personalidades internacionales como Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda, Brian Currin, abogado sudafricano y mediador internacional, y Pierre Joxe, ex ministro de Interior y Defensa de Francia entre otros. Una conferencia a la que ni el Gobierno español ni el ejecutivo vasco quisieron asistir como negativa al papel de mediadores de estas personalidades para el fin del conflicto vasco.
Tras el comunicado, el Gobierno se enfrenta a una nueva situación en la que va a tener que actuar. Si ya no hay lucha armada, ¿es legítimo seguir con la política penitenciaria? Si ETA ha abandonado las armas, ¿el Gobierno debe amnistiar a todos los presos políticos?
En una entrevista online a Mariano Rajoy publicada en el Diario Vasco el 13 de noviembre, el presidente del PP insistía en que “ETA es la que tiene que dar más pasos” y no el Estado. Ahora bien, en la resolución de un conflicto son las dos partes quienes tienen que involucrarse y escucharse mútuamente. El problema no puede verse de manera simplista con vencidos y vencedores porque se trata de un conflicto político muy complejo.
Durante más de 30 años, los/las presos/as políticos vascos han recibido una política especial y considerablemente discriminatoria en materia penitenciaria. España tiene una de las leyes más duras con respecto a los presos vascos. En 1989, después de las negociaciones de Argel entre ETA y el Gobierno que culminaron con 60 días de tregua, España instauró una nueva política penitenciaria basada en la dispersión: separación de presos entre sí y alejamiento por toda España obligando así a centenares de familias vascas ha desplazarse de ciudad para visitar a los presos/as. Dicha política ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos. En 2005, Human Rights Watch publicó un informe referente a Medidas Antiterroristas en España donde denunciaba los efectos negativos de la política de dispersión de presos afirmando que se vulneraban los derechos humanos. La dispersión pretende anular al preso y desvincularlo de su ideología anulándolo completamente. La Asociación Etxerat (familiares y allegados de represaliados/as vascos/as) asegura en el dossier sobre “política de dispersión” publicado en abril del 2010 que “el aislamiento y el alejamiento carcelario son la puesta en práctica consciente de una programa destinado a la destrucción de la voluntad humana, de la identidad política. Es tortura blanca utilizada con fines políticos”. El Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) sostiene en un comunicado publicado en el diario GARA que “el primer paso que debieran dar los estados es liberar a los presos enfermos y a quienes tendrían que estar en libertad condicional y acabar con la política de castigo de la cadena perpetua” debido a la Ley Parot instaurada en 2006 que suprime los beneficios sobre las penas y los retiene en prisión.
Si una amnistía total de los presos vascos es una medida arriesgada teniendo en cuenta que ningún delito de sangre puede ser perdonado, una Comisión de Revisión de Penas donde se estudie caso por caso es sumamente necesaria. Ahora es el Gobierno quien tiene que dar un paso y deslegitimizar su política penitenciaria.
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