Cuando tu vida depende de la ayuda humanitaria…

Que los ciudadanos españoles son conscientes de que están hundidos y bien hundidos con la crisis, no cabe duda. El paro aumenta a medida que pasan los días –según el INEM, España cuenta con 4.744.235 millones de parados en el mes de abril-, los recortes en sanidad y educación están a la orden del día y  el abaratamiento de los despidos se disfraza de reforma laboral con el fin de crear empleo. Paradojas de la vida, dirán algunos. Pero es cinismo.

¿Y qué pasa con la cooperación al desarrollo en el contexto de crisis ?

Según el informe, La realidad de la ayuda 2011, realizado por Intermón Oxfam a finales de 2011, desde el comienzo de la crisis económica, la ayuda oficial al desarrollo por parte del Estado español ha disminuido en un 40%. La cooperación catalana ha sufrido, a su vez, el mayor recorte presupuestario: un 70%. Estas cifras indican lo lejos que estamos de conseguir el 0,7 % del PIB que los países ricos deberían entregar a los países en vías de desarrollo. Si en 2010, España había conseguido un 0,43%, ahora la ayuda oficial al desarrollo está alrededor del 0,07%.

Ignorar la necesidad de la cooperación al desarrollo alegando que no sirve de nada puede ser peligroso. Es cierto que han salido algunos escándalos, como aquel que salpicó en abril de 2007 a la ONG InterVIda por malversación de fondos. Pero es un error poner a todas las ONG’s en el mismo saco y afirmar que éstas lo único que quieren es lucrarse.
Y digo que es peligroso porque como dice Memona Mohamed, una de las protagonistas del filme Wilaya, dirigido por el español Pedro Pérez Rosado, en una entrevista a El País del pasado 30 de abril, el pueblo saharaui vive exclusivamente de la ayuda humanitaria. Sus palabras son claras: “nosotros, recuerda, vivimos de la ayuda humanitaria”.
No es una cuestión de paternalismo o de superioridad, sino una cuestión de ética y de justicia.  Las ONG están formadas por personas que creen en la justicia y en los derechos humanos y hacen de ello su trabajo, su profesión.

Los saharauis -como muchos otros pueblos o personas- necesitan de la cooperación para poder seguir adelante. Cuando tu vida depende de la ayuda humanitaria, las ONG son indispensables.

La cooperación es imprescindible, pero además de las ayudas de emergencia, es necesario la sensibilización política en el norte y la formación en el sur. No hablamos de transportar nuestro sistema a los demás países del sur, sino enseñarles lo que tienen para que ellos puedan salir de sus propios conflictos.

El temor de los intereses y de las influencias

Una a una caen todas las fichas del dominó. Y uno a uno han caído los regímenes dictatoriales de los países del sur del Mediterráneo. Desde Túnez hasta Egipto, todas las revoluciones, con sus alegrías y sus penas, han conseguido derrocar a sus respectivos gobiernos sin aparente intervención internacional. Sólo una excepción: Libia. Y frente a las masacres perpetradas por las fuerzas de Gaddafi desde que estalló la revolución, la ONU aprueba la Resolución 1973 el 17 de marzo de 2011 que autoriza a tomar “todas las medidas necesarias para proteger a los civiles”. Una intervención militar que pese a no recibir el apoyo de Alemania, Brasil, India, Rusia ni China, se llevó a cabo. ¿Ayuda humanitaria o infracción del derecho internacional por ayudar a matar al dictador libio sin antes ser juzgado por sus actos? A muchos les picará la curiosidad…

Obama justificó la intervención porque"como presidente me niego a esperar a las imágenes de matanzas y fosas comunes antes de pasar a la acción"; la intervención en Libia era, según el presidente de Estados Unidos, una respuesta a una emergencia humanitaria; una cuestión de justicia.

Ahora bien, ¿dónde está Estados Unidos ahora que el gobierno sirio mantiene a la población civil en un estado constante de miedo? ¿Dónde está la ONU mientras se perpetúan los ataques y la represión a la oposición y a los civiles? ¿Las intervenciones responden, pues, a una cuestión humanitaria o, por el contrario, a un juego geoestratégico de los Estados?

Cierto, es difícil legitimar la intervención militar en un Estado con conflictos internos. China, por ejemplo, prefiere respetar la soberanía de cada país mientras que Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de la historia por sus numerosas intervenciones militares. Independientemente de la falta de legitimidad del uso de la fuerza llevado a cabo por la OTAN, por ejemplo, es moralmente justo que se intente poner fin a la muerte indiscriminada de civiles. Si antiguamente la guerra respondía a una lucha lenta entre los ejércitos de ambos lados de un conflicto, hoy en día las guerras consisten en acabar con toda la oposición; las guerras de ahora se ceban con los civiles por ser una buena manera de atemorizar a la sociedad. “Justicia”, entendiendo que la comunidad internacional no puede permitir que un Estado perpetúe la muerte injustificada de la población. Es imperdonable que Occidente con su Declaración Universal de los Derechos del Hombre bajo el brazo permita estar en un estado de somnolencia mientras un grupo en concreto -en este caso, el gobierno sirio- intenta erradicar todo signo de oposición o de libertad.

Después de que se haya cumplido un año desde el comienzo de las protestas populares contra el régimen de Bachar el Asad en Siria, ni la ONU ni la Liga Árabe han conseguido que se lleven a cabo negociaciones entre el Ejército de Liberación y el Ejército sirio. Amnistía Internacional cuenta más de 5.000 muertos desde las primeras revueltas; y la ONU cuenta 230.000 desplazados por la violencia.

Una intervención es necesaria, pero los estados miembros de la ONU desconocen lo que puede ocurrir si estalla el engranaje de influencias económicas y políticas. Siria está en una zona geoestratégica donde hierben los intereses de Rusia, Irán, Palestina e Israel. Muchos intereses en una sola región. Lamentablemente, llevamos años luchando en una guerra fría.

Necesidad de una Comisión de Revisión de Penas

El 20 de octubre, después de más de 50 años luchando con las armas por la independencia de Euskadi y después de varios intentos de negociaciones con el Gobierno español, ETA (Euskadi ta Askatasuna) declaró el fin de la lucha armada. En su comunicado, ETA declara el fin de la violencia, pero no el fin de lucha por la independencia de Euskadi. La declaración llega días después de que se celebrase en San Sebastián una conferencia sobre el final de terrorismo donde acudieron diferentes personalidades internacionales como Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda, Brian Currin, abogado sudafricano y mediador internacional, y Pierre Joxe, ex ministro de Interior y Defensa de Francia entre otros. Una conferencia a la que ni el Gobierno español ni el ejecutivo vasco quisieron asistir como negativa al papel de mediadores de estas personalidades para el fin del conflicto vasco.

Tras el comunicado, el Gobierno se enfrenta a una nueva situación en la que va a tener que actuar. Si ya no hay lucha armada, ¿es legítimo seguir con la política penitenciaria? Si ETA ha abandonado las armas, ¿el Gobierno debe amnistiar a todos los presos políticos?

En una entrevista online a Mariano Rajoy publicada en el Diario Vasco el 13 de noviembre, el presidente del PP insistía en que “ETA es la que tiene que dar más pasos” y no el Estado. Ahora bien, en la resolución de un conflicto son las dos partes quienes tienen que involucrarse y escucharse mútuamente. El problema no puede verse de manera simplista con vencidos y vencedores porque se trata de un conflicto político muy complejo.

Durante más de 30 años, los/las presos/as políticos vascos han recibido una política especial y considerablemente discriminatoria en materia penitenciaria. España tiene una de las leyes más duras con respecto a los presos vascos. En 1989, después de las negociaciones de Argel entre ETA y el Gobierno que culminaron con 60 días de tregua, España instauró una nueva política penitenciaria basada en la dispersión: separación de presos entre sí y alejamiento por toda España obligando así a centenares de familias vascas ha desplazarse de ciudad para visitar a los presos/as. Dicha política ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos. En 2005, Human Rights Watch publicó un informe referente  a Medidas Antiterroristas en España donde denunciaba los efectos negativos de la política de dispersión de presos afirmando que se vulneraban los derechos humanos. La dispersión pretende anular al preso y desvincularlo de su ideología anulándolo completamente. La Asociación Etxerat (familiares y allegados de represaliados/as vascos/as) asegura en el dossier sobre “política de dispersión” publicado en abril del 2010 que “el aislamiento y el alejamiento carcelario son la puesta en práctica consciente de una programa destinado a la destrucción de la voluntad humana, de la identidad política. Es tortura blanca utilizada con fines políticos”.  El Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) sostiene en un comunicado publicado en el diario GARA que “el primer paso que debieran dar los estados es liberar a los presos enfermos y a quienes tendrían que estar en libertad condicional y acabar con la política de castigo de la cadena perpetua” debido a la Ley Parot instaurada en 2006 que suprime los beneficios sobre las penas y los retiene en prisión.

Si una amnistía total de los presos vascos es una medida arriesgada teniendo en cuenta que ningún delito de sangre puede ser perdonado, una Comisión de Revisión de Penas donde se estudie caso por caso es sumamente necesaria. Ahora es el Gobierno quien tiene que dar un paso y deslegitimizar su política penitenciaria.

La voz del pueblo llega al Parlament

 El 15 de junio de 2011, Cataluña vivió por primera vez el bloqueo del Parlament por parte de algunos indignados del 15-M. Tras días de indignación pacífica, con algunas excepciones como el 27 de mayo donde se producieron los desalojos violentos después de que el consejero del Interior, Felip Puig, ordenara la “limpieza” de Plaza Cataluña, el bloqueo era un paso más en la escala de indignación que vive la sociedad catalana (y española). Y fue un paso más porque la manifestación se hizo frente al Parlament, órgano político cuyos miembros son elegidos, en los países democráticos, por los ciudadanos con derecho a voto para elaborar y votar las leyes. Se dice que el Parlament es “la voz del pueblo”, sin embargo éste ya no se siente representado. Por eso se decidió llevar la indignación hasta el Parlament, para que los políticos escuchasen de primera mano lo que la ciudadanía reivindica. Además aquel 15 de junio se votaban los primeros presupuestos restrictivos en servicios tan básicos como sanidad y educación. Unos recortes que afectaban a toda la población y que, no obstante, no contaban con su voz para llevarse a cabo. Los cerca de 3.000 manifestantes, según El País, bloquearon el Parlament como acto simbólico contra los déficits democráticos que sufre nuestro país. Era un grito de queja a la corrupción, a la nula transparencia, a la poca representatividad de la urnas; en definitiva, una queja a “ la dictadura de los mercados; ésa dictadura disfrazada con los ropajes de la democracia”, como dijo Gabilondo en su programa “Hoy” de la CNN+.

El bloqueo acabó con seis detenidos; sin embargo ahora están siendo juzgados 22 indignados “por un delito contra altos organismos de la Nación por ejercer la violencia, coaccionar o intimidar a los diputados”, según el Público. Si bien es cierto que algunos diputados fueron abucheachos y zarandeados por algunos manifestantes, ¿es legítimo que  políticos y medios de comunicación tachen de “violento” a todo el movimiento del 15-M incluso sabiendo que éste se desmarcó de tales actos? Stéphane Hessel, autor de ¡Indignaos! y de ¡Comprometeos! dejó claro, no sólo en sus libros, sino en un comunicado de prensa, que rechaza cualquier acto de violencia. Asegura "intolerable cualquier intento de paralización de las instituciones de representación democrática" y recuerda “el buen fin y las actitudes mayoritarias de los ciudadanos que se han movilizado pacíficamente".

Pese a que la mayoría de la población está indignida y pese a que se ha manifestado pacíficamente, los resultados siguen sin verse: los recortes se votaron, los banqueros siguen impunes, el paro no deja de crecer, los desahucios siguen su curso y así suma y sigue. ¿Qué debe hacer el pueblo para frenar esta violencia ejercida desde arriba? Si bien ningún ideal revolucionario debería basarse en la violencia porque como dijo Che Guevara “el verdadero revolucionario se guía por grandes sentimientos de amor”, la historia nos ha demostrado que es difícil cambiar un país o una situación de dominación sin encararse de una forma u otra con el poder. Dicho de otro modo, a veces hay que coger el toro por los cuernos.

El burka en boca de todos

El mundo árabe suscita sueños y miedos. Y su historia está inevitablemente ligada a la nuestra debido a su proximidad geográfica y, por consecuente, a sus intercambios con Occidente. Sin embargo los países que conforman el mundo árabe, pese a tener un mismo idioma y una religión mayoritaria, el Islam, no establecen los mismos derechos en sus respectivas constituciones.Por un lado, el artículo 6 de la Constitución Tunecina dice así: “todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Son iguales ante la ley.”  Y el 20, “la mujer es electora y eligible”. Por otro lado está Arabia Saudí, donde impera una estricta interpretación de la Sharia (ley islámica) que prohíbe, entre otras, conducir a las mujeres. Ya es mundialmente conocido el caso de Manal al Sherif, una mujer saudí condenada por conducir en público en mayo de 2011.Dos países árabes, dos interpretaciones distintas del Corán, dos posiciones completamente distintas con respecto a la mujer. Si en el primer país, el velo es opcional y es una cuestión de identidad así como de inserción social. En el segundo, el burka –vestido que cubre todo el cuerpo de la cabeza a los pies- que sólo deja ver los ojos de las mujeres a través de una rendija, es obligatorio.

España, por su cercanía, ha acogido a un gran número de inmigrantes musulmanes en los últimos años, convirtiéndola así en un hervidero de culturas. La ignorancia, el miedo a lo desconocido y la falta de rigurosidad de los medios hace que la población se refugie en estereotipos. Estereotipos que conducen, en la mayoría de lo casos, a exclusiones sociales. De esta forma, el velo y el burka están en boca de todos. Políticos, ciudadanos y medios de comunicación se suman al debate sobre la prohibición del burka. ¿España debe seguir a su amigo francés en la lucha contra el burka?

Me posiciono en contra de la prohibición del burka aquí, del mismo modo que condeno que se obligue a llevarlo en Irán. Y es que cuando nuestra sociedad habla de su prohibición está poniendo en juego la libertad de culto como principio democrático. ¿Acaso multamos a los ciudadanos que lucen crucifijos? ¿O a las monjas por llevar su vestimenta?

Los eurocentristas deberíamos comprender que las españolas no somos menos sumisas que las musulmanas. ¿Acaso no seguimos sigilosamente los cánones de belleza occidentales que nos obligan a depilarnos, a maquillarnos, a tener una talla por debajo de la 40 y a ponernos tacones? Así que basta ya. Dejemos que siga existiendo la libertad de culto. Y luchemos por que las mujeres musulmanas puedan elegir.